-La justicia y el riesgo de las prisas
-El eterno retorno de la discrecionalidad
Antes del cierre de esta columna, ayer por la noche, todo apuntaba a que la mayoría legislativa en el Congreso de Veracruz daría luz verde a una reforma constitucional que abre la puerta al relevo inmediato de la fiscal general, Verónica Hernández Giadáns.
El movimiento, presentado como un ajuste técnico para mejorar la procuración de justicia, tiene en realidad la dimensión de un sismo político: reconfigura el equilibrio de poderes, redefine la autonomía de la Fiscalía y coloca al Ejecutivo en el centro de las decisiones más sensibles del sistema penal.
En el fondo, la discusión no es nueva
Desde hace al menos tres sexenios, quienes ocupan la Fiscalía han terminado convertidos en una suerte de “viga maestra agrietada”: si soportan demasiada presión, colapsan; si se aflojan, todo el edificio institucional queda a merced de intereses políticos.
Baste recordar que varios titulares han salido entre acusaciones, señalamientos o incluso procesos penales. Nada de eso ha evitado que la dependencia permanezca en los últimos lugares nacionales en transparencia, confianza ciudadana y resultados efectivos.
La reforma aprobada por comisiones y discutida en sesión extraordinaria plantea recortes al periodo del titular —de nueve a cuatro años—, nuevos procedimientos de ratificación y un modelo exprés de remoción.
El Congreso tendrá cinco días hábiles para avalar o rechazar propuestas del Ejecutivo y, en caso de silencio, el nombramiento se considerará aprobado.
EL CONTROL TOTAL
Es un rediseño profundo que busca eliminar “vacíos operativos”, pero que inevitablemente concentra poder en la oficina de una persona.
El argumento oficial sostiene que la Fiscalía actual es producto de un esquema de selección que generaba tiempos muertos, negociaciones interminables y falta de coordinación institucional.
No les falta razón: el mecanismo anterior era rígido, politizado y a menudo capturado por cuotas partidistas. Sin embargo, el remedio elegido abre nuevas interrogantes. Convertir al Ejecutivo en eje de nombramientos, ratificaciones y posibles remociones deja una autonomía condicionada, más cercana a un acompañamiento político que a un contrapeso real.
Uno de los puntos más controvertidos es la aplicación inmediata del nuevo marco a la fiscal en funciones.
El presidente de la Junta de Coordinación Política fue claro: “Debe contemplar así”. No es una casualidad.
LA REDUCCIÓN DE LA TRANSPARENCIA
En los hechos, la reforma es también un mensaje político y un gesto de alineamiento institucional.
La señal es inequívoca: el nuevo gobierno quiere una Fiscalía bajo un diseño normativo que responda a su propio esquema de operación.
Los matices del dictamen revelan además una lógica de eficiencia acelerada: cinco días para resolver cualquier nombramiento o remoción, sin posibilidad de dilación.
Es una apuesta por la celeridad, pero también una presión que minimiza el debate público y reduce la transparencia en decisiones que requieren rigor técnico.
El riesgo es que la prisa sustituya al análisis y que una institución destinada a impartir justicia enfrente decisiones políticas con la velocidad de un trámite administrativo.
De fondo, la reforma vuelve a colocar en el centro una pregunta que Veracruz no ha logrado responder en más de una década: ¿cómo diseñar una Fiscalía verdaderamente autónoma en un entorno político que se reinventa cada seis años? La respuesta, hasta ahora, ha sido pendular. Se pasa de un modelo de contrapesos rígidos a uno de centralización administrativa, sin que ninguno garantice resultados visibles.
Es como cambiar el timón del barco una y otra vez sin reparar el casco: el rumbo se altera, pero las filtraciones siguen ahí.
¿UN TITULAR ALIADO?
Los impactos inmediatos son claros. Primero, la salida anticipada de la actual fiscal, lo que permitiría al Ejecutivo iniciar su administración con un titular aliado, o al menos confiable.
Segundo, un reajuste interno en la Fiscalía que podría implicar la llegada de nuevos mandos operativos y el desplazamiento de estructuras heredadas. Y tercero, el reposicionamiento político del Congreso, que se consolida como un órgano que acompaña —y no necesariamente limita— las decisiones del Ejecutivo en materia de justicia.
El escenario futuro dependerá de cómo se ejecute esta reforma. Si la nueva estructura logra profesionalizar la institución, reducir tiempos muertos y fortalecer la coordinación con el gobierno estatal, el cambio podría traducirse en mejores resultados.
Pero si la autonomía queda reducida a un concepto decorativo, Veracruz podría enfrentar un retroceso institucional disfrazado de modernización.
En un estado que ha padecido fiscalías débiles, capturadas o en permanente crisis, la ciudadanía espera algo más que ajustes legales.
Quiere una procuración de justicia que investigue con rigor, que procese sin sesgos y que no se convierta en un brazo más del poder político. La verdadera prueba no está en la votación de esta noche, sino en la operación cotidiana de la institución en los meses por venir.
El Congreso puede reformar el andamiaje. El Ejecutivo puede nombrar. Pero la justicia, esa sí, no admite decretos: se construye con independencia, profesionalismo y resultados. Y ese sigue siendo el desafío mayor de Veracruz.
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